Claudia Sheinbaum atribuye violencia en Sinaloa a la injerencia extranjera

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinculó este martes la crisis de inseguridad y los episodios de violencia reciente en el estado de Sinaloa con la denominada injerencia extranjera. Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal subrayó que la complejidad del fenómeno delictivo en la región responde a dinámicas que trascienden las fronteras nacionales, afectando la estabilidad y el orden público en diversas zonas del noroeste del país.

La mandataria enfatizó que la administración federal mantiene una postura crítica respecto a cómo las acciones y políticas de otros países impactan en la seguridad interna de México. Según la visión planteada por la Presidencia, esta intervención externa ha dificultado los esfuerzos de pacificación que las autoridades locales y federales intentan implementar en los municipios sinaloenses más afectados por los enfrentamientos entre grupos delictivos.

Ante este escenario, la estrategia gubernamental se centra en fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR). El objetivo, según lo expuesto por el equipo de gobierno, es retomar el control territorial y garantizar la protección de la población civil mediante un despliegue constante de la Guardia Nacional en los puntos estratégicos del estado.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha sido instruida para mantener canales de comunicación diplomática que permitan abordar estas preocupaciones de seguridad a nivel internacional. Se ha propuesto que la colaboración con gobiernos extranjeros se base estrictamente en el respeto a la soberanía nacional, buscando esquemas que no comprometan la autonomía en la toma de decisiones sobre la política de seguridad interior.

Finalmente, las autoridades federales hicieron un llamado a la calma en Sinaloa, asegurando que se mantendrá una presencia robusta de las fuerzas armadas hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para las actividades cotidianas. La administración federal reiteró que no se tolerarán acciones que vulneren el Estado de derecho ni aquellas que pretendan imponer agendas externas sobre la estrategia de seguridad pública del país.