Denuncian ante la CIDH uso de tribunales para ejercer violencia vicaria

Diversas organizaciones civiles mexicanas denunciaron esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los agresores están utilizando el sistema judicial como una herramienta para ejercer violencia vicaria. El señalamiento central apunta a que los tribunales, lejos de garantizar el interés superior de la niñez, se están convirtiendo en escudos que permiten a los violentadores separar a las madres de sus hijos mediante litigios prolongados y resoluciones sesgadas.

Esta problemática, que ha cobrado relevancia en el debate público durante agosto de 2026, pone en evidencia las fallas estructurales del sistema de justicia en México. Las colectivas denunciantes sostienen que jueces y magistrados ignoran con frecuencia las leyes de infancia, omitiendo el análisis con perspectiva de género y permitiendo que los procesos legales se conviertan en mecanismos de revictimización para las mujeres y sus descendientes.

El fenómeno de la violencia vicaria se manifiesta cuando el agresor utiliza a los hijos como un medio para causar daño psicológico o emocional a la madre. En los últimos meses, diversos foros han cuestionado el actuar de las autoridades judiciales, señalando que la falta de capacitación y sensibilidad en los tribunales locales facilita que los agresores mantengan el control sobre las víctimas, incluso en casos donde ya existen denuncias previas por violencia intrafamiliar.

Ante este escenario, especialistas en derechos humanos han propuesto una reforma profunda a los protocolos de actuación en los juzgados de lo familiar. La propuesta sugiere la implementación de capacitaciones obligatorias para el personal judicial y la creación de mecanismos de supervisión ciudadana que aseguren que ninguna resolución judicial ignore el bienestar integral de los menores involucrados en procesos de custodia.

La exigencia de las organizaciones es clara: la violencia contra las mujeres y las infancias debe terminar mediante la transformación de los tribunales en espacios de verdadera justicia. El objetivo es que el Poder Judicial deje de ser un facilitador de la violencia de género y se convierta en una institución garante de los derechos humanos, capaz de proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a sus agresores.