Empleados sindicalizados de Nayarit denuncian procesos penales por exigir prestaciones

Un grupo de trabajadores sindicalizados en Nayarit denunció que el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, ha instrumentalizado a la Fiscalía General del Estado para judicializar la protesta social. Los afectados señalan que, tras realizar diversas manifestaciones para exigir el pago de prestaciones y el cumplimiento de condiciones contractuales, fueron notificados de carpetas de investigación en su contra bajo el cargo de apología del delito.

Los denunciantes sostienen que las acciones legales emprendidas por la Fiscalía representan un mecanismo de presión para desactivar los movimientos gremiales y coaccionar a los empleados que buscan mejorar sus condiciones laborales. Según los testimonios recabados, varios trabajadores han sido separados de sus funciones o enfrentan procesos administrativos que derivaron en la pérdida de su empleo tras participar en las movilizaciones frente a sedes gubernamentales en Tepic.

Representantes de los grupos sindicales afectados han señalado que estas medidas afectan el derecho constitucional a la libre manifestación y asociación. Argumentan que el uso de figuras penales para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión busca generar un clima de temor entre la base trabajadora, evitando así que se presenten nuevos reclamos sobre adeudos salariales y otras carencias en el servicio público estatal.

Por su parte, las autoridades estatales han mantenido una postura de reserva respecto a los expedientes judiciales en curso, argumentando que las investigaciones responden a denuncias presentadas por presuntas afectaciones al orden público durante las protestas. Mientras tanto, los trabajadores han solicitado la intervención de instancias federales de derechos humanos y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para revisar la legalidad de los despidos y los procesos judiciales iniciados.

La situación ha generado tensiones en el sector público de la entidad, donde la incertidumbre laboral se ha visto agravada por la amenaza de nuevos procesos penales. Los trabajadores afectados insisten en que sus demandas son estrictamente de carácter laboral y exigen que se garantice el respeto a sus derechos fundamentales sin represalias de tipo penal.