FGR cita a Ricardo Velarde e Isaac Aguayo por caso Carlos Galván

La Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido citatorios formales para que Ricardo Velarde e Isaac Aguayo comparezcan ante el Ministerio Público Federal en relación con la investigación por la desaparición de Carlos Emilio Galván. La diligencia busca esclarecer los hechos ocurridos hace exactamente un año, periodo durante el cual el caso ha permanecido bajo análisis ministerial sin que se hayan determinado responsabilidades claras hasta la fecha.

El llamado a declarar ocurre en un contexto de creciente presión social, donde familiares y colectivos de búsqueda han exigido avances significativos en la carpeta de investigación. La diputada Brenda Valenzuela ha manifestado su preocupación ante el retraso en el desahogo de pruebas, cuestionando la dilación del proceso judicial después de doce meses de incertidumbre para la familia de la víctima.

Los citados deberán presentarse ante las instalaciones de la FGR para aportar información sobre sus actividades durante los días cercanos al incidente. La autoridad federal ha señalado que este paso es fundamental para agotar las líneas de investigación existentes y descartar o confirmar cualquier vínculo con los eventos que derivaron en la desaparición de Galván.

Por su parte, el equipo legal de los interesados ha señalado que atenderán el requerimiento ministerial conforme a derecho, manteniendo la disposición de colaborar con las autoridades en lo que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos. La representación jurídica de la familia de Carlos Emilio Galván espera que estas comparecencias permitan obtener datos precisos que conduzcan finalmente al paradero del desaparecido.

La FGR ha reiterado que el caso sigue bajo una etapa de investigación activa, buscando fortalecer los elementos de convicción para integrar la carpeta de manera sólida. Mientras tanto, organizaciones civiles mantienen el seguimiento puntual del avance de estas diligencias, insistiendo en que el paso del tiempo no debe ser un factor que obstaculice la impartición de justicia en México.