Fiscalía de Oaxaca investiga a seis alcaldes por nexos delictivos

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó este martes la apertura de carpetas de investigación formal contra al menos seis presidentes municipales de la entidad. Estas acciones legales se derivan de las investigaciones iniciadas a raíz de los recientes hechos violentos registrados en el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde se detectaron indicios de posibles vínculos entre autoridades locales y grupos de la delincuencia organizada.

El fiscal general del estado señaló que las indagatorias buscan determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios en la omisión de sus funciones o en la posible complicidad con actividades ilícitas que han afectado la seguridad pública en la región del Istmo de Tehuantepec. La dependencia estatal trabaja en coordinación con fuerzas federales para recopilar pruebas documentales y testimoniales que permitan sustentar las acusaciones ante los jueces de control correspondientes.

Las autoridades estatales indicaron que estas investigaciones forman parte de una estrategia integral para depurar las corporaciones policiales municipales y garantizar que los gobiernos locales actúen bajo el marco del Estado de derecho. En las últimas semanas, diversos sectores de la sociedad civil y organismos empresariales habían expresado su preocupación por el incremento de la inseguridad en varias demarcaciones oaxaqueñas, exigiendo una intervención más directa de las autoridades ministeriales.

El gobierno de Oaxaca ha reiterado que no habrá impunidad para aquellos servidores públicos que traicionen la confianza ciudadana mediante la colusión con actores criminales. Se espera que, conforme avancen los procesos judiciales, la Fiscalía emita las solicitudes de desafuero necesarias ante el Congreso local en caso de que se confirmen las responsabilidades penales de los ediles señalados.

Por el momento, los municipios involucrados permanecen bajo un esquema de vigilancia reforzada por parte de la policía estatal y elementos de la Guardia Nacional. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado se mantiene en estrecha comunicación con las autoridades municipales para asegurar la continuidad de los servicios públicos mientras se desahogan las diligencias legales requeridas.