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México

Proponen multas de 290 mil pesos por incumplir contratación de jóvenes

Una nueva iniciativa legislativa busca obligar a empresas con más de 40 empleados a contratar al menos un 5% de jóvenes bajo pena de sanción económica.

Redacción Minuto Nacional
Foto: eleconomista.com.mx

Una propuesta de reforma presentada en la Cámara de Diputados busca establecer una cuota obligatoria de contratación para jóvenes en el sector privado mexicano. El proyecto plantea que las empresas que cuenten con una plantilla laboral de 40 personas o más deberán integrar a su fuerza de trabajo al menos un 5% de empleados menores de 30 años, con el fin de fomentar la inserción laboral de este sector de la población.

La iniciativa contempla sanciones económicas severas para aquellos centros de trabajo que incumplan con esta disposición una vez que sea ratificada. De acuerdo con el texto presentado, las multas por omitir esta cuota de contratación podrían superar los 290,000 pesos, una medida que busca incentivar el cumplimiento de la ley mediante una carga financiera significativa para las compañías que no se ajusten a la nueva normativa.

El planteamiento argumenta que la falta de experiencia es una de las principales barreras que enfrentan los jóvenes al buscar su primer empleo formal. Al establecer una obligación legal, los legisladores pretenden forzar una mayor apertura en los mercados de trabajo, permitiendo que la población joven obtenga las prestaciones de ley y el acceso a la seguridad social que brinda el empleo formal en México.

Es importante destacar que, por el momento, esta propuesta se encuentra en fase de análisis legislativo dentro de las comisiones correspondientes. El proceso parlamentario requiere de su discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados y, posteriormente, en el Senado de la República para poder avanzar hacia su eventual promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diversos sectores empresariales han expresado la necesidad de revisar los alcances de esta medida para asegurar que no represente una carga administrativa excesiva para las pequeñas y medianas empresas. Se espera que durante las próximas semanas se realicen parlamentos abiertos donde especialistas y representantes del sector productivo puedan exponer sus puntos de vista sobre el impacto económico de esta posible reforma.

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