Proponen reformar ley para reducir tiempos de espera en refacciones automotrices

La diputada federal Rocío Abreu presentó formalmente ante la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que busca modificar las regulaciones actuales sobre la garantía y el servicio postventa en el sector automotriz mexicano. La propuesta surge ante el creciente descontento de los usuarios, quienes reportan periodos de espera de entre ocho y doce meses para obtener refacciones esenciales mientras continúan realizando sus pagos mensuales por el financiamiento de sus vehículos.

El núcleo de la iniciativa se centra en establecer plazos máximos legales para que las agencias y distribuidores aseguren la disponibilidad de piezas. De acuerdo con el planteamiento, la situación actual genera una doble afectación para los propietarios, quienes se ven obligados a cubrir las mensualidades de un bien que permanece inmovilizado en los talleres por falta de componentes técnicos o logísticos.

La propuesta legislativa busca que, en caso de exceder los periodos de espera establecidos por la nueva normativa, las empresas estén obligadas a ofrecer soluciones compensatorias inmediatas. Entre estas medidas se contempla la posibilidad de suspender el cobro de mensualidades durante el tiempo que el vehículo no pueda ser utilizado, o bien, la obligación de proveer un medio de transporte sustituto para no interrumpir las actividades cotidianas de los ciudadanos.

Legisladores de la bancada de Morena han señalado que esta reforma pretende equilibrar la relación comercial entre los concesionarios y los consumidores finales. El objetivo es evitar que los usuarios queden en un estado de indefensión prolongada, donde la responsabilidad de la falta de stock recae injustamente sobre el patrimonio del comprador y no en la eficiencia de la cadena de suministro de las marcas.

El documento ha sido turnado a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su análisis y posible dictaminación en los próximos meses. De aprobarse, esta reforma representaría un cambio significativo en los derechos de los consumidores en México, obligando a las marcas automotrices a fortalecer su logística de refacciones en territorio nacional.