Harfuch aclara situación de bienes vinculados a Ismael Zambada

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró este miércoles que las autoridades federales no han encontrado bienes registrados formalmente bajo el nombre de Ismael 'El Mayo' Zambada. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el funcionario detalló que las acciones de inteligencia y persecución patrimonial se han centrado en rastrear activos a través de prestanombres y redes empresariales complejas para evitar la detección.

El titular de la SSPC explicó que, a pesar de la ausencia de títulos de propiedad directos, el gobierno federal ha procedido con el congelamiento de diversas cuentas bancarias y la inmovilización de inmuebles que se presumen vinculados a las actividades delictivas del señalado. Estas medidas forman parte de una estrategia integral de la actual administración para debilitar la estructura financiera de las organizaciones criminales que operan en territorio nacional.

La estrategia, coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, busca desarticular las operaciones económicas que sostienen a las estructuras delictivas. García Harfuch enfatizó que el trabajo de investigación continúa en curso, apoyado por la Fiscalía General de la República, para identificar y asegurar cualquier recurso que haya sido obtenido mediante actividades ilícitas y que esté oculto bajo esquemas de triangulación.

El secretario puntualizó que la complejidad del caso radica en el uso sistemático de terceras personas para ocultar la titularidad de los bienes. No obstante, reafirmó el compromiso del Gobierno de México de seguir aplicando las herramientas legales vigentes para privar a los grupos delictivos de su capacidad operativa y económica, independientemente de los métodos de ocultamiento que utilicen.

Finalmente, se informó que las autoridades mantienen una estrecha vigilancia sobre posibles movimientos de capitales en el sistema financiero nacional. La colaboración entre las distintas dependencias de seguridad y justicia permitirá que, conforme se obtengan más evidencias de propiedad indirecta, se proceda con las acciones de extinción de dominio correspondientes conforme a lo establecido en la ley mexicana.